La economía venezolana atraviesa por el peor
momento de su historia. Hoy más que nunca se requieren los indicadores y
estadísticas fundamentales que conforme a la Constitución y su propia ley debe
suministrar el BCV. Sin embargo, ante el temor de que se conozca la magnitud de
la crisis, el organismo se viene absteniendo de cumplir con esta obligación.
La Constitución de Venezuela establece en su
Art 319 que el BCV está obligado a rendir informes periódicos sobre el
comportamiento de las variables macroeconómicas. Agrega textualmente:
"El
incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas dará lugar a
la remoción del directorio y a sanciones administrativas de acuerdo con la ley
..."
Cifras tan importantes como las que se
refieren a la inflación, el PIB, balanza de pagos, base monetaria, índices de
escasez y muchos otros no han sido publicados desde el 2014. Tampoco algunos
indicadores semanales vitales para las actividades de los agentes económicos
han sido publicados desde el 2010. Infinidad de contratos están supeditados a
muchos de esos indicadores que el BCV no
le presenta al país. Tan vitales son esas cifras que la propia ley del Banco Central establece
en su Artículo 31:
"La gestión del
Baco Central se guiará por el principio de transparencia". Después agrega
que el organismo está en la obligación de mantener informados a los agentes
públicos y privados, nacionales y extranjeros con respecto a "los
informes, publicaciones, investigaciones y estadísticas, que permitan disponer
de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana".
Al carecer de los
cifras requeridas para evaluar la gestión pública del Estado venezolano algunos
organismos internacionales simplemente nos ignoran. En la sección tercera del Estudio Económico
de América Latina y el Caribe 2015 de la CEPAL (www.cepal.org), se analizan
detalladamente las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, variables
económicas, datos sobre crecimiento, inflación, remuneración y muchas otras de
19 países de la región (incluyendo Haití y Cuba). Sobre Venezuela ni una
palabra, ni siquiera nos mencionan. Esto desde luego contribuye a la percepción
sobre el fuerte aumento de riesgo de impago de la deuda soberana que tienen las
calificadoras de riesgo internacionales, con lo cual se dificultan y encarecen
los financiamientos que la República requiere. Sin excepción, todas las
calificadoras de riesgos, incluyendo a Dagong (la más importante de China),
coinciden en atribuir un creciente riesgo a Venezuela.
En todas las economías modernas la norma es
que los bancos centrales sean independientes. La razón es evidente. Cuando un
banco central se pliega a los deseos de un gobierno, termina emitiendo dinero
"inorgánico" para financiar el gasto público. Es por eso que el
Artículo 320 de la Constitución, señala textualmente:
"En el ejercicio
de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a
directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas
fiscales deficitarias"
Lamentablemente el BCV, dejó de ser
autónomo. Financia sin ambages el déficit fiscal que de acuerdo con varios
analistas ya se ubica entre el 18 y el 20% del PIB. No es pues de extrañar que
tengamos la inflación más alta del mundo.
Ese dinero "inorgánico" que emite
el banco central para financiar el déficit se incorpora a la masa monetaria
(m2) que circula en la economía. Se conoce como "high power currency"
por su altísimo potencial inflacionario. Genera demanda de bienes, pero como
estos son escasos -tras tres lustros de
destrucción de aparato productivo- provoca primero una fuerte presión alcista
de los precios, desviándose luego hacia la compra de dólares en el mercado
paralelo, contribuyendo así a una elevación sin precedentes en el dólar
paralelo que a su vez se transforma en la referencia que utilizan los agentes
económicos para calcular el costo de reposición de sus inventarios. Es como un
perro que se muerde la cola. Es un mecanismo perverso que se retroalimenta
conduciéndonos a un circulo vicioso de empobrecimiento. Es un error atribuir el
alza del dólar a una página web en la frontera. Quien lo provoca es el propio
BCV al financiar el gasto público, incumpliendo así su razón de ser que es la
de preservar el valor de la moneda. Veamos lo que dice el Art 320 de la
Constitución:
"El Estado debe
promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la
economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el
bienestar social" ...
Esto es tan obvio que no se entiende como el
TSJ se niega a admitir la demanda presentada por Transparencia Venezuela para
que se le exija al BCV cumplir con su obligación, lo cual a su vez genera dudas
con respecto a la independencia de los poderes en el públicos.
José Toro Hardy
petoha@gmail.com
@josetorohardy
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